1. La solución a los problemas del sistema educativo no es la reforma de las leyes de educación y, además la ley en vigor es mejorable sin grandes modificaciones, pues no el momento de acometer una nueva ley orgánica de educación en un contexto de reducciones presupuestarias significativas.
2. Desde 1970 se han aprobado en España 12 leyes orgánicas sobre educación (ANEXO 1). Desde CC entendemos que la solución a los problemas educativos no es una cuestión de cambios legislativos sino de un Pacto por la Educación, reflejo del logrado en el Parlamento de Canarias y apoyado por nuestra organización política.
3. Es un Proyecto sin consenso ni participación de las CC.AA. ni de las comunidades educativas. CC postula el consenso y la participación de Comunidades Autónomas, comunidades educativas, organizaciones sociales y fuerzas políticas.
4. El art. 27.2 de la carta Magna, señala que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" contraponiéndose con el nuevo sentido que se pretende dar a la nueva Ley, que considera “La educación como medio para crear ciudadanos empleables y capaces de competir con éxito en el libre mercado". Pasamos de una educación pensada para transmitir valores, convivencia democrática, respeto a las diferencias individuales, y la solidaridad, y evitar la discriminación para lograr cohesión social y garantizar una ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, hacía otra segregadora, que afirma que el nivel educativo de un país se determina por la capacidad de su alumnado para competir con éxito. Desde CC apostamos por una educación integradora y respetuosa con la Constitución de España y con el desarrollo integral de los alumnos.
5. Es un Proyecto que reduce las competencias de las Comunidades Autónomas y cuya finalidad es la centralización del sistema educativo. El Proyecto se preocupa de la cantidad de currículo y de un grupo determinado de materias, pero no de cómo se dinamizan los procesos educativos y de cómo se adapta el currículo a las necesidades y características de los alumnos. CC defiende mejorar la capacidad de Canarias para intervenir en la organización, las prácticas y los contenidos educativos, y no por limitar o reducir esta capacidad.
6. Es una Ley discriminatoria y, como advierte la Comisión Permanente del Consejo de Estado en el Informe emitido, la proyectada reforma establece como optativa a la Religión la materia de Valores culturales y Sociales, de modo que discrimina al alumnado que al elegir la Religión no cursará ninguna asignatura sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación.
7. Es un modelo selectivo, pues las “reválidas” no tienen carácter formativo sino selectivo. CC está por un modelo que mantenga elementos de evaluación formativa que ayude al alumnado a progresar desde sus propias capacidades, respetando sus condiciones de partida. Un modelo evaluativo que ayude a los centros, al profesorado y al sistema a mejorar sus prácticas lo que redundará en una mejora de los rendimientos.
8. El establecimiento de itinerarios en virtud del talento y las aptitudes genera segregación, pues pretende crear vías alternativas sin salida para un alumnado demasiado joven. CC está por un modelo integrador, que defienda la posibilidad de que titulen todos los alumnos de Secundaria y que fomente la convivencia y la igualdad de oportunidades entre los sexos. Por esta razón, es contraria a que los centros con alumnado segregado por sexos sean sostenidos con fondos públicos.
9. CC no está de acuerdo con la elección temprana, pues los informes sobre educación aconsejan evitar la separación temprana del alumnado y el Proyecto los separa a partir de los 12 años. En esta línea, los estudios sobre “Actuaciones de Éxito en las escuelas europeas”, recogidos en el Proyecto INCLUD-ED, concluyen que la separación en itinerarios antes de los 16 años genera desigualdades y que cuanto antes se realiza esta separación, mayores son las desigualdades.
10. CC defiende el respeto a las condiciones laborales del profesorado y articular el papel de los Consejos Escolares como elementos vertebradores de la comunidad educativa.
CC considera que es una ley segregadora, pues establece itinerarios excluyentes que seleccionan y clasifican al alumnado incluso antes de acabar la enseñanza obligatoria y que supone que solo una minoría seleccionada pueda acceder a los estudios superiores.
CC rechaza el Proyecto de Ley porque considera que no resuelve ninguno de los problemas de la educación en Canarias y genera una disminución de los logros conseguidos en igualdad de oportunidades, escolarización obligatoria y cohesión social.
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